LA CORTE ACABA CON VISIÓN MACHISTA

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La Corte acaba con la visión machista del peñismo

La Corte, en su resolución sobre el caso de Mariana Lima, hace la primera condena institucional real frente a la negligencia y el desinterés de las procuradurías, sobre todo la del Estado de México, ante los crímenes y homicidios violentos en contra de las mujeres y los feminicidios. Se dictan criterios de actuación para los encargados de la procuración e impartición de justicia en todo el país, con el fin de atender de modo correcto este tipo de violencia. Con esto logra desentrañar la visión machista, retrógrada y miope que el peñismo había impuesto, desde su gestión al frente del Estado de México, ante este flagelo.

Por décadas decenas de grupos de defensa de los derechos de la mujer y algunos feministas, con tintes un poco más radicales, han luchado por lograr que la violencia feminicida y los feminicidios sean catalogados, perseguidos y castigados como tales. Un gran paso se dio la semana pasada, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la resolución del caso de Mariana Lima, hizo del feminicidio un delito perseguible y castigable y no solamente la letra muerta de diversas leyes que lo catalogaban, pero que hacían prácticamente imposible lograr condenas por su comisión. En el Estudio de la implementación del tipo penal del feminicidio: causas y consecuencias, 2012-2013, elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se advertía que en 17 estados de la República se habían creado tipos penales difíciles o imposibles para acreditar el delito de feminicidio y que en Chihuahua no se había siquiera tipificado. Lastimoso, pues en Chihuahua “las Muertas de Juárez” nos alertaron y sensibilizaron sobre esta problemática creciente en el país.

Entre los estados que habían hecho imperseguible este flagelo, estaba precisamente el Estado de México, entidad que fue jaloneada de las orejas por la SCJN en la mencionada resolución.

Desde que Diana Russell usó por primera vez el término feminicidio – femicide – ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, buscando con ello definir la violencia extrema contra las mujeres por su condición de género, hasta la fecha, esta lucha no encontraba anclaje en muchos países de tercer mundo, incluido el nuestro. Fue precisamente Russel quien, en su libro “Feminicidio: una perspectiva global”, escrito en coautoría con Roberta A. Harmes en 1990, definió el feminicidio como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión”. Hoy diversos códigos penales en el mundo han tipificado este delito y establecen que lo comete quien “priva de la vida a una mujer por razones de género” y para que existan tales, establecen diversos elementos, como: la existencia de violencia sexual, la existencia de lesiones infames y/o mutilaciones previas o posteriores al homicidio, antecedentes de acoso, violencia o lesiones del agresor a la víctima, la existencia de una relación familiar o sentimental, la existencia de subordinación laboral, docente o de otro tipo, la existencia de privación de la libertad y/o incomunicación, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en un lugar público y la existencia de un estado de indefensión y/o desventaja.
imageA pesar de ser muy claros dichos criterios, en diversos estados la implementación es casi imposible. Por ejemplo, en Baja California se exige comprobar la intencionalidad y la existencia de manifestaciones de misoginia del agresor; en Guerrero se obliga demostrar la existencia de una violación y de tratos crueles, inhumanos o degradantes; en Michoacán debe demostrarse la intencionalidad de matar, no solamente de agredir a la víctima; y, en Guanajuato la mujer debe ser “violentada” sexualmente, sin que se explique a ciencia cierta los alcances de dicho término. Del mismo modo, no existen los protocolos debidos para la persecución de este delito, aunque en la Sentencia de Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó claramente que México debe continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos relacionados con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, según se estipula en el Protocolo de Estambul, en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y según todos los estándares mundiales usados para la investigación de desapariciones de personas.

Demandas hechas a gritos en el Estado de México, pues en esta entidad se viven los niveles de violencia feminicida y feminicidios más altos de país y los más altos niveles de impunidad. Para 2011, previo a la salida de Enrique Peña Nieto del ejecutivo estatal, se hablaba de más de mil feminicidios impunes en la entidad, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado de México presumía de una efectividad del 80% en las consignaciones por este delito. El truco era que solamente se habían catalogado como feminicidios treinta de los más de mil homicidios que debieron catalogarse y perseguirse de ese modo.

Mariana Lima Buendía murió en 2010, su esposo declaró que se había suicidado y el caso fue cerrado, estableciendo el suicidio como causa de muerte. La madre de Mariana, Doña Irinea Buendía, siempre dijo que éste fue uno de tantos homicidios violentos en contra de mujeres o feminicidios que no son catalogados como tales en el Estado de México y a los que se les da carpetazo. Tras tocar decenas de puertas, entre ellas las de dos subprocuradores, la SCJN le dio la razón, al considerar que en el caso hay omisiones graves y que se deben seguir diversas líneas de investigación, obligando con ello a la procuraduría estatal a reabrirlo. La resolución fue caída del cielo no solamente para Doña Irinea, quien sostuvo que era el mejor regalo de cumpleaños para su hija, que precisamente ese 25 de marzo hubiese cumplido 34 años, sino para miles de mujeres que hoy están más protegidas por la Ley y para cientos de familias mexiquenses y mexicanas, a las que la Corte les dio una esperanza para encontrar la justicia anhelada.

Deseo retomar unas palabras del abogado Rodolfo Domínguez, quien acompañó en este proceso a Doña Irinea y que además es abogado y director de la asociación Justicia, Derechos Humanos y Género y parte del equipo legal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien señaló “a partir de ahora, la Suprema Corte de Justicia, por primera vez, establece un precedente histórico, en el que se reconoce como debe investigarse la muerte violenta de una mujer, a partir de los más altos estándares internacionales en la materia”, y otras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que en un comunicado dijo que la sentencia “sienta un precedente a nivel nacional sobre el tipo de actuaciones que las autoridades deben de realizar en todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres y feminicidios… esta resolución contribuirá en la lucha de las víctimas por romper el patrón de impunidad y discriminación al que se enfrentan ante la búsqueda de justicia… en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres”, y en el que recalcó que la Corte “asumió su postura garantista y protectora al votar unánimemente a favor del amparo interpuesto por Irinea Buendía”. Tomo estas palabras para que se entienda el alcance de dicha resolución, que, más allá que la sentencia de Sentencia de Campo Algodonero, es el primer gran manotazo en la mesa que recibe la justicia mexicana y mexiquense en este tema y que esperemos sea el parteaguas para que estos casos sean investigados bajo los más estrictos protocolos de actuación en la materia, con seriedad y, sobre todo, con perspectiva de género y no bajo la óptica del machismo institucionalizado en las procuradurías de este país.

Por: David Agustín Belgodere
Twitter: @BogusBelgodere

P.d. Otra nota la dieron las cárceles de mujeres de este país, pues del Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se desprende que: 1.- “El Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas”, 2.- “En los centros de reclusión se detectaron irregularidades diversas, como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; prostitución, inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias”, 3.- La existencia de diversos actos de maltrato físico y psicológico, tales como amenazas, golpes, humillaciones y tratos discriminatorios, infligidos por el personal directivo, técnico y/o de custodia, 4.- La existencia de abusos de índole sexual por parte del personal directivo, técnico y/o de custodia, siendo muy reiterada esta acusación en el Centro de Reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México… entre decenas de flagelos y de abusos reportados, así como condiciones insalubres e inhumanas de reclusión.

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